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Nuestros últimos casos

Un abogado especialista en accidentes de tráfico e indemnizaciones tiene conocimientos jurídicos suficientes para acudir a la vía civil o penal reclamando una indemnización y una multa. Estos son nuestros últimos casos:

 

1.- Pensión de viudedad para una pareja de hecho

Un ejemplo de cómo evitar reclamaciones a la Seguridad Social en Madrid por este motivo lo encontramos en el caso de la pareja formada por Marta F. F. y Ramón P. I. que acudieron a mi despacho para asesorarse sobre cómo quedarían las pensiones de viudedad y de orfandad en el caso de fallecimiento de Ramón, quien había sido diagnosticado con una enfermedad no laboral, cáncer de pulmón, por el que le daban poca esperanza de vida.

En cuanto a sus requisitos como pareja de hecho, cumplían la convivencia de cinco años, ya que llevaban empadronados seis en el barrio de Arganzuela, desde que Marta F. F. se divorció de su marido y fue a convivir con Ramón. Sin embargo, no se habían constituido como pareja de hecho con los requisitos exigidos por la ley.

Respecto a los hijos contaban sólo con dos de Marta, fruto de su anterior matrimonio, que convivían con ellos. En relación con este punto, en el momento de la consulta ella tenía un subsidio por desempleo de 978,83€ mensuales, con una duración de un año y medio. En cuanto a Ramón tenía un sueldo bruto de 2.500,37€ al mes.

Así, no cumplían con los requisitos para ser pareja legal, sin perjuicio de la incertidumbre sobre los económicos. Vista tal inseguridad era necesario buscar una alternativa para asegurar la obtención de una pensión de viudedad para Marta. Aquí la existencia de un empadronamiento que justificaba una convivencia previa de cinco años hacía recomendable casarse para asegurar la pensión.

Hay que destacar que la ley no exige que la duración del matrimonio sea de un año como mínimo (para evitar fraudes) en casos de enfermedad no laboral previos al casamiento cuando hubiese existido una convivencia previa que, unida a la del matrimonio, sumase al menos dos años. Afortunadamente, este era el único supuesto legal en el que podían ampararse, o que Ramón muriese un año después de casarse.

El fallecimiento de Ramón P. I. se produjo seis meses más tarde de la consulta en mi despacho, habiendo agotado Marta la prestación contributiva, por lo que al poner la reclamación a la Seguridad Social se obtuvo el 70% de la base reguladora de2.003,23€ (1.402,26€), en vez del 52%, debido a la existencia de hijos a su cargo, ser sus ingresos inferiores al mínimo establecido legalmente y depender casi exclusivamente de la pensión de viudedad.

En el presente supuesto un asesoramiento a tiempo y una correcta interpretación de las normas de la Seguridad Social evitó que Marta F. F. quedase sin ningún tipo de prestación, con hijos sin derecho a la orfandad y en una situación delicada con una prestación por desempleo agotada.

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2.- Amianto y sus riesgos

Siempre pongo el ejemplo de Luis G.P. que trabajaba en una empresa de transformación de amianto. Fue el primer caso que llegó a mi despacho relacionado con los riesgos de este material. A Luis G.P. a los 57 años de edad se le diagnosticó un cáncer de pulmón. La empresa no quería hacerse cargo de ninguna forma e incluso se le estaba dando una baja por enfermedad común.

Tras buscar en internet, buscó abogados laborales en Madrid especializados en bajas por enfermedad laboral. Fue así como contactó conmigo y tras ponerse en contacto empezamos a trabajar. Luis G.P. llevaba desde los 16  años trabajando en la misma empresa. Como he comentado se dedicaba a la transformación de amianto que posteriormente exportaba a otra empresa francesa.

La empresa (que no nombro por motivos de discreción) no había adoptado ninguna de las medidas que la legislación a lo largo de los años le había venido exigiendo. Se basaban en dos principios; que nunca se había dado un caso de cáncer entre sus empleados (o es decían) y que la legislación era posterior a los distintos permisos y concesiones que en su momento habían conseguido años atrás.

Pues bien, tuvimos que acudir a varias pruebas médicas y distintos estudios que identifican el cáncer que padecía Luis G.P. con una de las variedades más comunes del que se produce por el amianto. Asimismo, pusimos de manifiesto ante las autoridades laborales que la empresa en la que trabajaba Luis G.P. no cumplía ninguna de las normas que hacen referencia al amianto y sus riesgos.

Obviamente, constatamos que no tomaba las medidas preceptivas, ni daba la formación necesaria, ni tomaba las medidas de participación de los trabajadores, ni estaba inscrita en el registro de empresas de riesgo por amianto… Llegamos a un acuerdo de indemnización previo de 187.000 € que es lo que Luis G.P. consiguió gracias a la intervención de un profesional que defendiera sus derechos.

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3.- Acción civil y acción penal

Un ejemplo de accidente de tráfico que conllevó la presentación de una denuncia penal fue el caso de Francisca G.L.. Vino a mi despacho hace seis meses, a causa de un accidente de tráfico ocurrido un mes antes. Me contó que la compañía de seguros se había negado a entregarle la indemnización correspondiente a causa de que afirmaba que se no había probado que el responsable del accidente no fuera ella sino la persona asegurada.

Debido a esta negativa, Francisca G.L. buscó alguno de los abogados de accidentes y indemnización en Madrid y, por ello, contactó conmigo como abogado especializado en reclamaciones de indemnización de accidentes de tráfico. Francisca G.L. me entregó toda la documentación relativa al accidente: atestado policial que acreditaba la posición de los vehículos y cómo se produjo el accidente de tráfico y partes médicos con su ingreso hospitalario.

Toda la documentación referida acreditaba la existencia del accidente de tráfico y las indemnizaciones por lesiones. Le expliqué que, en su caso, era viable presentar una denuncia penal para determinar quién era el responsable del accidente, además de solicitar la indemnización por daños y perjuicios correspondiente.

Una semana después, presenté la denuncia penal ante los Tribunales, adjuntando tanto el atestado policial como los partes médicos. Justifiqué que la indemnización por daños y perjuicios a la que tenía derecho Francisca G.L. era de 2.890 €, en atención  al baremo de indemnizaciones por accidente de tráfico con latigazo cervical (era la lesión que constaba en los partes médicos)y también teniendo en cuenta los días de ingreso hospitalario (había estado ingresada cuatro días en el hospital).

El juicio se celebró rápido y el juez determinó que, efectivamente, el responsable del accidente no fue Francisca G.L. sino el conductor del otro vehículo. Condenó a la compañía de seguros al pago de 2.890 € a Francisca G.L. Gracias a mi asesoría legal, Francisca G.L. consiguió 2.890 € de indemnización por daños y perjuicios y se pudo acreditar que ella no fue la responsable del accidente de tráfico.

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4.- Trámitación de accidente laboral

Un ejemplo de reclamación de indemnización de accidente laboral por seguro de convenio es el caso de Miguel P.R., quién sufrió un accidente de trabajo que le dejó en una situación de incapacidad permanente mientras trabajaba para una pequeña empresa de albañilería. En este caso, el empresario había contratado el seguro de convenio por lo que Don Miguel tiene derecho a una indemnización de 63.500 €.

No obstante, tras estudiar el expediente observamos que existía un cumplimiento defectuoso de la normativa de prevención, por lo que decidimos reclamar la correspondiente responsabilidad civil a la empresa.

Al tratarse de una Pyme con un pequeño capital social, ha sido necesario plantear ante el Juzgado la responsabilidad de los Administradores mancomunados de la compañía, aplicando la teoría del levantamiento del velo. Para ello, he tenido que realizar, con ayuda de mi cliente, una investigación patrimonial de cada uno de los administradores. Una vez constatado que los administradores tenían bienes suficientes para responder de nuestra reclamación de responsabilidad civil, mi cliente optó por interponerla.

Se entiende por responsabilidad civil la obligación que recae sobre una persona física o jurídica, en este caso la empresa y subsidiariamente sus administradores, de reparar los daños causados a otra persona, en el caso expuesto mi cliente, Miguel P.R. Al tratarse de un supuesto de lesiones, estamos hablando de la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento defectuoso de la normativa de prevención.

Por el momento, mi cliente ha cobrado los 63.500 €, y existen buenas perspectivas para que pueda cobrar 28.000 € más. Por ello, te recomiendo que en caso de que te encuentres en una situación como la descrita, solicites la ayuda de profesionales especializados en la gestión de un accidente laboral en Madrid.

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5.- Delitos contra los derechos de los trabajadores

Ese fue el caso de don Antonio, cuya esposa doña Maribel acudió a mi despacho tras la trágica muerte de su marido, que dejaba 3 hijos, María que contaba por aquel entonces con 29 años de edad, Sofía con 28 años y Alberto con 16 años, por lo que en principio parecía un accidente laboral en un empresa. Sin embargo, después de una meticulosa investigación llevada a cabo a través de testigos y grabaciones, pudimos demostrar que para nada se trataba de un accidente más, si no que acabó al empresario acabó siendo condenado por un delito recogido en el Título XV del Libro II del Código Penal.

El administrador y gerente de la empresa de Madrid  para la que trabajaba don Antonio había sustituido el sistema de elevación de materiales con el que hasta entonces contaba, una grúa torre, por otro denominado maquinillo elevador. A pesar de la obligación que tiene la empresa de dar la formación necesaria para el adecuado uso de, en este caso, el maquinillo elevador, así como facilitar a sus trabajadores los medios de protección individual e indicarles cómo utilizarlos, don Antonio no recibió ni la formación ni el equipo de protección individual necesario, que simplemente consistía en un cinturón de seguridad.

Así, el primer y último día que don Antonio precisó del maquinillo para realizar sus tareas, éste se desprendió del forjado dónde estaba anclado, provocando la caída de don Antonio desde 6 metros de altura, sufriendo por ello un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte.

Por no haber facilitado la formación en el uso del maquinillo elevador ni los medios de protección individual precisos para su utilización, el administrador único de la empresa en la que don Antonio prestaba sus servicios fue condenado por un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 del Código Penal y por un delito de homicidio del artículo 142 del mismo texto legal a la pena de 1 año y 6 meses de prisión y a la pena de 6 meses de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, además de su deber de indemnizar a la viuda, doña Maribel en la cantidad de 105.000€ y a los hijos de ésta y del trabajador fallecido, María, Sofía y Alberto en las cantidades de 15.000€,18.000€ y 48.000€, respectivamente.

Este es un claro ejemplo de la importancia de contar con un equipo de profesionales especializados en derecho penal laboral, ya que lo que ha sido considerado como delito pudo haber quedado en un simple accidente laboral con posible sanción administrativa, pero sin responsabilidad criminal, pudiendo incluso haber echado la culpa al trabajador fallecido por no ponerse el cinturón de seguridad, sin embargo, doña Maribel confió en mi buen hacer y el de mi equipo y pudimos demostrar que si don Antonio no tenía el cinturón de seguridad puesto, era simple y llanamente porque el empresario, infringiendo las normas sobre prevención de riesgos laborales, no se lo había facilitado.

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6.- Accidente in itinere

En julio del año 2.014 se personó en mi despacho Felipe F.B. toda vez que cuando volvía del trabajo en su moto, fue arrollado por un vehículo, con la mala fortuna de no poder identificar al conductor del coche, tras analizar el caso con profundidad, le plantee la viabilidad de interponer una demanda en concepto de accidente laboral.

Las consecuencias de dicho accidente, fueron entre otros 11 días de hospitalización hasta la estabilización de las lesiones, 30 días impeditivos para el desarrollo de su trabajo y 120 días no impeditivos consistentes en la rehabilitación a través de una clínica especializada.

Pues bien, de manera previa a ejercer acciones legales, envíe un burofax comunicando a la empresa la necesidad de indemnizar a mi cliente por importe de 6.318,14€, más900,00€ de las sesiones de rehabilitación, resultando por tanto un importe total de 7.218,14€. De manera inmediata la empresa se lo comunicó a su aseguradora, la cual se puso en contacto conmigo, y tras una intensa negociación accedió a abonar íntegramente la cantidad reclamada, puesto que en caso contrario tendría que abonar esa cantidad más intereses y costas judiciales.

De tal manera que Felipe recibió la indemnización por importe de 7.218,14€ sin necesidad de acudir a la vía judicial y en un periodo de 2 meses desde el envío del burofax.

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7.- Accidente laboral y seguridad social

Iván P.S. acudió a mi despacho, buscando mi asesoramiento como abogado laboralista. El día 14 de Enero de 2014 tuvo un accidente de trabajo cuando prestaba servicios para su empresa situada en Madrid. Estaba realizando una instalación de antenas Wifi en una nave, cuando cayó desde una altura de dos metros. Sufrió lesiones en su brazo y pierna derecha que le mantuvieron en situación de incapacidad temporal hasta el día 22 de Abril.

La base de cotización correspondiente al mes de diciembre por contingencias profesionales de Iván fue de 1.263,42 euros. Posee una retribución mensual y no había realizado ninguna hora extraordinaria en los doce meses anteriores a la incapacidad temporal.

El accidente laboral hizo que Iván se ausentara del trabajo durante más de un día, por tanto, la empresa debe cumplimentar el parte de accidente de trabajo, con cinco ejemplares a la Entidad gestora, en el plazo de los 5 días hábiles siguientes al del accidente o la baja médica en caso de no coincidir las fechas.

La empresa remitirá en el plazo de 5 días contados desde su recepción, el parte médico de baja presentado por el trabajador, una vez haya comprobado los datos y señalado los correspondientes a la cotización.

Comprobados los requisitos exigibles, que en caso de accidente de trabajo, es el alta de pleno derecho, se aplica un porcentaje del 75% a la base reguladora. El empresario se hará responsable de las prestaciones de la seguridad social en el caso de que exista incumplimiento de obligaciones de inscripción, afiliación, alta o cotización.

Base reguladora:

1.263,42 € / 30 = 42,10 € día

Utilizamos el divisor 30 porque el trabajador tiene una retribución mensual.

42,10 € x 75% = 31,58 €

Los efectos económicos se producen el día 15 de enero, día siguiente a la baja médica, por lo que percibirá la prestación durante 98 días, desde el día 15 de enero al día 22 del mes de abril.

31,58 € x 98 días = 3.094,84 €

El INSS o Mutua de Accidentes de Trabajo con la que se tenga concertada la póliza correspondiente para cubrir estas contingencias, será la encargada de abonar la prestación económica.

Gracias a mis conocimientos como abogado laboralista, pude asesorar a Iván para que reclamase una indemnización por responsabilidad civil derivada del accidente de trabajo. Tenía derecho a la misma porque la empresa no había puesto todas las medidas de seguridad social obligatorias por ley. Le supuso un ingreso de 6.570 €.

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8.- Accidente laboral con secuelas

Uno de los casos más sorprendentes que he defendido recientemente es el de mi cliente Enrique C.L., un joven de 25 años oficial de almacén,  que sufrió un grave accidente con importantes secuelas de por vida. En casos como este es donde te das cuenta que el trabajador además de haber sufrido un accidente laboral, se encuentra solo y desamparado ante todos los organismos y empresas que rodean al accidente.

Sin duda, la victoria del trabajador va a depender plenamente de la asistencia legal experta en accidentes de trabajo. Como abogado laboral con dilatada experiencia en este sector puedo afirmar con rotundidad que la especialidad en este tipo de asuntos es la única garantía de tener un resultado satisfactorio.

Como decía, mi cliente sufrió un accidente de trabajo en Madrid muy grave y con secuelas definitivas. En un primer momento baste señalar que incluso el trabajador fue rechazado y mareado por la Mutua de accidentes en varias ocasiones y en las sucesivas recaídas, puesto que ante la gravedad del caso y los elevados costes de los tratamientos, intentaron rechazar la asistencia sanitaria, no obstante tras mi intervención fue asistido y operado con buen resultado.

Después comenzó la batalla legal para garantizar a mi cliente una satisfacción plena de sus perjuicios, desde los recargos de prestaciones, hasta las indemnizaciones e incapacidad. Lo cual como he dicho no es nada fácil, considerando que contra el trabajador se van a sentar simultáneamente hasta cuatro abogados intentando culparle a él mismo del accidente sufrido para pagar 0€ de indemnización, evitar igualmente el pago de los recargos de prestaciones, que suponen una media de 400€, mensuales por trabajador y por supuesto para eludir el pago de las indemnizaciones que pueden ser de hasta 300.000€ en los casos más graves o en fallecimientos.

Madrid es una de las localidades con mayor número de juicios por accidentes laborales y por ello es necesario que el abogado conozca bien las peculiaridades de cada Juzgado, de cada tipo de accidente y de las diferentes exigencias que establecen los distintos convenios colectivos, para poder afrontar el caso en todos sus extremos y no dejar a la parte contraria un solo vacío en el que poder atacar al trabajador.

Recargo de Prestaciones: En el caso de mi cliente, obtuve de manera relativamente fácil conseguir un recargo de prestaciones del 50% sobre los salarios del trabajador, lo cual quiere decir en términos generales que se condenó a la empresa a pagar un 50% más de salarios al trabajador durante toda la baja por accidente de trabajo.

Indemnización por daños y perjuicios del accidente y reconocimiento de secuelas: A pesar de estar completamente probado que en el centro de trabajo no existían las medidas de protección necesarias para los trabajadores, la parte contraria no escatimó en recursos para intentar culpabilizar al trabajador del accidente sufrido con el único fin de ahorrarse la cuantiosa indemnización que le correspondía, dado que mi cliente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente hasta en tres ocasiones y permaneció de baja más de 3 años. Estas artimañas jurídicas, para evitar las indemnizaciones son  muy habituales en accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

En este punto es necesario que el trabajador este muy bien asesorado por el abogado y sobretodo informado, para que afronte este difícil momento, dado que se intentará desprestigiar la profesionalidad de quien ha sufrido el accidente, es decir, de la víctima, alegando ineptitud, alcoholismo, imprudencia temeraria e incluso intento de suicido (también he tenido un caso en que intentó convencerse al Juez de que el trabajador en realidad se quería suicidar y no era por tanto un accidente por caída en altura).

Finalmente tras un proceso duro, gracias a mi profundo conocimiento de los criterios jurisprudenciales y sobre los puntos clave tenidos en cuenta por los Juzgados, mi cliente consiguió una indemnización por su accidente de trabajo, secuelas y  daños y perjuicios por importe de 61.650€.

Declaración de incapacidad total o parcial para la profesión habitual: Mi cliente sufrió como consecuencia del accidente, secuelas consistentes en un acortamiento de la pierna derecha con cojera permanente, que sin perjuicio de haber recibido la indemnización correspondiente por estos daños y perjuicios, lo cierto es que era necesario luchar el accidente de trabajo en la seguridad social, para la declaración de su incapacidad total para la profesión habitual

Enrique C.L., solo conocía ese trabajo, como digo tenía solo 25 años cuando sufrió el accidente y se vio limitado de por vida con estas secuelas,  por lo que conseguir un nuevo trabajo o un trabajo como oficial de almacén era prácticamente imposible por sus limitaciones provocadas única y exclusivamente por el accidente. Como abogado laboralista es mi obligación recomendar e informar a mi cliente de todas las vías legales existentes para dar cobertura a su problema y sin duda luchar la incapacidad era imprescindible.

El juicio de incapacidad fue también muy complejo con diversidad de informes periciales que trataban de anular o cuanto menos minimizar la importancia de las secuelas, sin embargo, contando con un pormenorizado estudio de los requisitos necesarios para la declaración de la incapacidad total para la profesión habitual y el estudiode casos similares con secuelas idénticas, conseguí para mi cliente la declaración de incapacidad.

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9.- Indemnización por accidente laboral

A continuación voy a poner como ejemplo el caso de mi último cliente, Don Pedro G. F, de 58 años de edad.

Pedro, albañil de profesión, se encontraba subido en una escalera, colocando una viga de hierro, cuando resbaló y cayó al suelo. Como consecuencia de este accidente laboral en Madrid, Pedro sufrió la ablación de un globo ocular. Debido a que no puede volver a ejercer su profesión habitual, ha sido incapacitado de forma permanente total.

Para calcular la indemnización de accidente de trabajo que le correspondía a Don Pedro, utilicé la tabla de indemnización de accidente laboral, que es la misma que establece la clasificación y valoración de las secuelas para los accidentes de tráfico, para comprobar cuál era la puntuación que tenía este tipo de daños. Tras estudiar la norma, la puntuación dada a este tipo de lesiones era de 30. Una vez que sabía la puntuación, me remití a la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en la que se publican las cuantías de las indemnizaciones para estos casos, y llegué a la siguiente conclusión:

Mi cliente tenía el derecho de obtener una indemnización por una lesión permanente, como es la ablación de un globo ocular. En el mencionado baremo, y en función de la edad, se establecía una indemnización de 1.307,27 € por cada punto. Por lo tanto, debido a que a la lesión le correspondían 30 puntos, la indemnización ascendía a 39.218,10 €. Pero además, en dicha tabla y en función de los ingresos anuales percibidos por mi cliente, se establecía una corrección de la indemnización de hasta un 10 por ciento. Por lo tanto, si a los 39.218,10 € le sumábamos el 10 por ciento, que son 3.921,18 €, la indemnización ascendía a 43.139,90 €. Además de esta indemnización, reclamamos la cantidad de 2.801,24 € en concepto de indemnización por incapacidad temporal, ya que mi cliente se encontró hospitalizado 20 días, y 19 días impedido para realizar su actividad habitual. Esta cantidad la calculé en base a que la tabla establecía una cuantía diaria de 71,84 € para cada día de hospitalización, y 58,41 € para los días sin estancia hospitalaria pero impeditivos para la persona a realizar su trabajo habitual, incrementados en un 10 por ciento por el sueldo bruto anual que percibía mi cliente.

Como puede concluirse en base a los datos expuestos en este artículo, son muchas las circunstancias a tener en cuenta en el cálculo de la indemnización por accidente laboral. Por ello, es necesario que usted ponga su caso ante los mejores abogados laboralistas, que lograrán que usted obtenga las indemnizaciones máximas establecidas para su caso.

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10.- Despido improcedente

Fernando S. D. llevaba tres años trabajando en una empresa que realizaba certificados médicos. Una mañana su jefe le exigió que asumiera obligaciones que excedían de sus obligaciones laborales. Aunque él se mostró conciliador se encontró con la sorpresa de que, al día siguiente por la mañana, le habían despedido. No consideraba justa esta situación y acudió a mi despacho.

En ese momento le expliqué que se encontraba frente a un despido improcedente. Le aconsejé que no firmara ninguno de los documentos que le ofreciera la empresa. Menos mal, porque intentaron que firmara el finiquito incluyendo sólo las vacaciones, sin la indemnización por despido.

Mientras que la empresa le ofrecía 300€ por las vacaciones que aún no había disfrutado, a Fernando S. D. le correspondían también 2.850€ en concepto de indemnización por despido. Era un caso flagrante de vulneración de derechos del trabajador por finiquito.

En el ámbito laboral antes de acudir a juicio es preciso celebrar un acto de conciliación, precisamente con la finalidad de evitar acabar en los tribunales. Fernando S. D. no estaba seguro de llegar a un acuerdo en el acto, pero yo le tranquilicé explicándole que a la empresa no le convenía ser demandada. El día de la conciliación no vino su jefe, sino el abogado de la empresa. Como mi cliente tenía la razón fue muy fácil llegar a un acuerdo.

De esta manera conseguí para Fernando S. D. la cantidad de 3.150€ en concepto de finiquito (vacaciones más indemnización por despido improcedente).

Le aseguro que los derechos del trabajador en España le amparan frente a las injusticias del mercado laboral. Estoy a su disposición para asesorarle legalmente.

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11.- Reclamación por accidente

Dentro de los casos típicos vistos por abogados laboralistas en Madrid, recuerdo el de Julia A.P. , soltera, de 23 años , limpiadora , que ejemplifica muy bien lo expuesto con anterioridad, así como la necesidad de un abogado especialista en accidentes de trabajo, vista la importancia de la suma que acabó obteniéndose y la gravedad del accidente. Dicha persona acudió en el 2013 a mi despacho exponiéndome  su caso, que consistía en lo siguiente:

Trabajando en el servicio de limpieza de un negocio de charcutería sito en la Comunidad, en el que también trabajaba su hermana, aunque no como limpiadora sufrió un percance al ir a cortar lonchas de jamón para  su consumo propio. Dentro de las normas de seguridad del trabajo no estaba indicada la utilización de guantes especiales de malla para evitar lesiones entre los usuarios de la cortadora mecánica de embutido. De este modo, cuando cortó el jamón sin protección perdió el dedo pulgar de la mano derecha. Por estas lesiones tuvo que estar dos días hospitalizada y necesitó de 516 días de curación, de los cuales 257 fueron impeditivos y 259 no impeditivos.

Por un lado,  fue declarada, tras los trámites oportunos ante la Seguridad, una incapacidad  temporal y, posteriormente, otra total, dando lugar a unas prestaciones por  6.759,60 € y 206.903,34 € por el otro. A su vez, también se condenó a la empresa cárnica a un recargo del 30% sobre las anteriores cantidades por no haberse observado medidas de seguridad necesarias, según comprobación de la inspección técnica. En total por prestaciones recibió 2.027,88 €  y 62.071 € complementarios respectivamente.

Sin embargo, allí no acabó la indemnización total que les correspondió, habida cuenta también que resulto civilmente responsable el empresario por los días de hospitalización y recuperación que siguieron. En concreto, y teniendo en cuenta las cifras anteriores, las suma final por este concepto fue de un total de otros 25.000 € de acuerdo con el baremo de la ley de seguros en la circulación  de vehículos a motor en cuanto los días de hospitalización y las secuelas y repercusiones profesionales que tuvo el accidente.

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12.- Error en carta de despido

Me viene a la mente un asunto sucedido no hace demasiado. Un trabajador fue despedido de su empresa y tuvo a bien solicitar mi ayuda legal. Don Ernesto C. G. había recibido una carta de despido en la que se alegaban causas de naturaleza económica para justificar el final de su relación laboral.

La carta estaba redactada sin duda por una persona que conocía, al menos en lo fundamental, lo que dispone la ley a estos efectos. Aunque por lo impersonal del estilo, y quizás debido a que he tenido ocasión de leer infinidad de escritos similares, se notaba que era, sin duda, una adaptación de un formulario tipo, sin duda extraído de algún programa informático de gestión laboral o, más probablemente, encontrado en internet.

Por supuesto, en la extensa carta se exponían sistemáticamente las circunstancias económicas que hacían inviable la continuación de la relación laboral, además de explicar la razón por la que, ejecutando ese despido, la viabilidad de la empresa sería posible y de esa forma salvar el puesto de trabajo del resto de empleados. Como es lógico, se ofrecía a Don Ernesto una indemnización consistente en el equivalente a 20 días de sueldo por cada año trabajado en la empresa.

Todo parecía correcto desde un punto de vista formal. Sin embargo, existía un pequeño detalle, fruto sin duda de usar un formulario preestablecido sin tener experiencia suficiente. Escondido en un párrafo de la mitad de la carta, se recogían unas palabras que le daban la vuelta a todo el asunto.

Y es que quizás por desconocimiento, o quizás por falta de cuidado, camuflado en un párrafo decía “[…] la empresa, reconociendo la improcedencia del despido […]”

Era irrelevante que el resto de la carta justificase la procedencia del despido y su inclusión dentro de la posibilidad, legalmente establecida, de resolver un contrato laboral por circunstancias económicas. De hecho, ya sobraban el resto de palabras incluidas en las cuatro páginas de la carta.

Por supuesto, una vez interpuesta la obligatoria demanda de conciliación previa a la demanda ante el juzgado de lo social, y habiendo puesto la empresa el caso en manos de un abogado especializado, éste se dio cuenta enseguida de la situación. De modo que en el mismo acto de conciliación, y de manera inteligente para así ahorrarse tiempo y posteriores gastos, la empresa reconoció la improcedencia del despido, y abonó a Don Ernesto la cantidad de 33 días de salario por cada año trabajado. En la práctica, alrededor de 2.000 € más de lo que en principio se le ofrecía. Un dinero que la empresa podría quizás, haberse ahorrado de haber acudido desde el primer momento a dicho abogado.

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13.-Mesotelioma maligno

Pedro nació en 1946 y falleció en 2010. Sus herederos eran su mujer, su hijo y su nieto. Desde 1977 trabajó para la empresa XX, como calderero, realizando tareas de manipulación de amianto como empalme de tuberías, montaje, desmontaje y mantenimiento de aparatos de producción forrados de amianto… En 2004, D. Pedro se jubiló y, posteriormente, falleció como consecuencia de un mesotelioma pleural maligno que le fue diagnosticado en 2009. Sus herederos contactaron conmigo para instar las medidas legales necesarias y proceder a la correspondiente reclamación por daños y perjuicios.

Solicité al Juzgado de lo Social que se abonase a los herederos una indemnización por daños y perjuicios.

La empresa se opuso a la demanda y alegó: primero que no había solicitado que se le reconociese como enfermedad profesional. Segundo, que la carga de la prueba para relacionar que la enfermedad padecida y el fallecimiento tuviesen su causa en la inhalación de amianto, corría de mi parte. Y, tercero,  que,al no ser un trabajador potencialmente expuesto al amianto y no sobrepasar los niveles máximos de exposición a los límites permitidos, no era necesario hacerle entrega de los medios de protección. Por mi parte, hice frente a dichas alegaciones probando, por un lado que, cuando al Sr. Pedro le diagnosticaron la enfermedad del mesotelioma maligno avanzado, ya estaba jubilado por lo que, difícilmente, se podía solicitar la enfermedad profesional. Además, aporté la Jurisprudencia necesaria para apoyar la tesis de la carga de la prueba en relación a la empresa y probé que el trabajador no disponía de mascarilla de seguridad por lo que inhaló el polvo de amianto.

Todo ello supone un grave incumplimiento por parte de la empresa en relación a su deber de vigilancia y de las normas específicas de prevención como son:

  • Normas sobre el estado y ventilación de los locales de trabajo
  • No se permitirá el barrido, debiendo acudir a una limpieza húmeda
  • Realizar los trabajos junto a campanas aspiradoras
  • Proporcionar al trabajador máscaras o caretas respiratorias
  • Facilitar reconocimientos médicos acordes al riesgo de amianto a los trabajadores.

Y así, multitud de incumplimientos por parte de la empresa que acredité en el juicio. Por todo ello, probé que el trabajador fallecido había estado en contacto directo con amianto,y que la empresa carecía de los dispositivos de precaución reglamentarios no observando las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. De esta forma, quedó acreditado el nexo causal entre el daño causado y dicha falta de medidas de seguridad, lo que me dio pie a solicitar una indemnización para sus herederos de 123.000,00€.

El Juzgado Social dictó sentencia admitiendo mis pretensiones y la empresa recurrió sin éxito puesto que, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, confirmó la sentencia y la empresa fue condenada en costas en ambas instancias.

A pesar de que el fallecimiento de un familiar es irreparable, al menos, tras instar los correspondientes procedimientos judiciales, con mis buenos consejos, mis clientes vieron satisfechos sus intereses. Si Ud. es un posible afectado por amianto, ya sea directa o indirectamente, contacte con un buen despacho de abogados laboralistas en Madrid para que inste las acciones legales pertinentes y luche por sus intereses.

Son muchos los afectados por asuntos similares y hay multitud de procedimientos abiertos. Uno de los más relevantes ha sido el relacionado con la entidad Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) condenada a abonar 410.000,00€ mesotelioma pleural causado por la exposición al amianto. Trabajaba en un espacio sin ventilación, no contaba con equipos de protección, ni individual ni colectivos, y la empresa tampoco adoptó medidas técnicas u organizativas de protección que podían haber prevenido o, al menos reducido, los efectos nocivos de la actividad laboral. En la misma línea, una familia de un trabajador fallecido por un mesotelioma maligno difuso como consecuencia de su exposición a partículas de amianto en una factoría de Michelin en Valladolid, ha conseguido que se admita su demanda incrementando en un 52% la pensión inicialmente fijada para su viuda. Asociaciones como Asviamie no se cansan de pedir a las empresas el máximo esfuerzo en servicios de prevención, que extremen las medidas preventivas para hacer frente a la exposición a sustancias tóxicas en el trabajo, especialmente a las cancerígenas.

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14.- Accidente de trabajo

Así fue como le sucedió a nuestro cliente. C. P. G. el cual tomó la decisión adecuada al acudir a mi despacho como ex experto abogado de derecho laboral ante la compleja situación en la que se encontraba.

C.P.G. era uno de los trabajadores de una empresa metalúrgica que no contaba con las medidas de seguridad establecidas por la legislación. A pesar de llevar más de 30 años en el mismo puesto, éste no había recibido ninguna modernización, realizando las cargas a pulso, hasta que un día sufrió un accidente con afección a sus vértebras que le significó estar de bajar por un periodo de una semana. Sin más problema en principio, se le dio el alta, volviendo a su puesto de trabajo de nuevo tras revisión médica realizada por la mutua de accidentes de trabajo.

De nuevo en su puesto, se observa la no actualización de las medidas necesarias, no pudiéndose negar nuestro cliente al desarrollo de su actividad y resultando tras un periodo de un año de nuevo en baja médica con carácter permanente por contingencias profesionales. Tras un periodo de negociación se le niega a nuestro cliente el derecho a indemnización por la mala actuación de la empresa, y es aquí donde figura la diferencia de contratar a un abogado generalista de un auténtico especialista, pues se consiguió una indemnización que pasaba de 10.950€ a 57.706€ simplemente reclamando lo que era de derecho de nuestro cliente.

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